Japón está avanzando en la legislación relativa a la emisión de stablecoins, es decir, activos digitales con su valor vinculado a monedas comunes o estabilizado por un algoritmo.
El 3 de junio, el parlamento japonés aprobó un proyecto de ley para prohibir la emisión de stablecoins por parte de instituciones no bancarias, informó la agencia de noticias local Nikkei.
El proyecto de ley, aparentemente, estipula que la emisión de stablecoins se limita a los bancos autorizados, los agentes de transferencia de dinero registrados y las empresas fiduciarias de Japón.
La nueva legislación también introduce un sistema de registro para que las instituciones financieras emitan estos activos digitales y establece medidas contra el lavado de dinero.
Según el informe, el proyecto de ley pretende proteger a los inversores y al sistema financiero de los riesgos asociados a la rápida adopción de las stablecoins, cuyo mercado se ha disparado hasta los 20 billones de yenes, es decir, más de USD 150,000 millones.
El nuevo marco legal entraría en vigor en 2023, y la Agencia de Servicios Financieros de Japón tiene previsto introducir normas para los emisores de stablecoin en los próximos meses.
El proyecto de ley japones para las stablecoins llega tras un descenso masivo en los mercados de criptomonedas alimentado por el colapso de los tokens Terra, con la stablecoin algorítmica Terra USD (UST) perdiendo su paridad con el dólar estadounidense a principios de mayo.
Sin embargo, la agitación del mercado de stablecoins no ha sido exclusiva de la blockchain Terra, puesto que otras stablecoins algorítmicas como DEI también perdieron posteriormente su paridad con el dólar, desplomándose hasta un mínimo de USD 0.4 a finales de mayo.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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