Los funcionarios de la Unión Europea acordaron recientemente una ley histórica denominada marco de Mercados de Criptoactivos (MiCa) que proporciona orientación para que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) operen en la región de Europa. A raíz de esto, los expertos reaccionaron con diversas opiniones, desde el apoyo a la decisión hasta la explicación de cómo tendría efectos adversos.
Según Richard Gardner, CEO de la empresa de tecnología comercial Modulus, el nuevo desarrollo proporciona una imagen más clara para los CASP en cuanto a lo que esperan las autoridades. Gardner explicó que:
«No todo lo que contiene va a gustar a todos los actores, pero, en este momento, el sector solo necesita entender lo que se espera de él. Ya es hora de tener una guía para que los operadores puedan actuar con intención».
Gardner también añadió que esto puede poner fin a la caída de los activos digitales y dar pie a que el sector se expanda e innove. El ejecutivo cree que las leyes fueron «construidas para proteger contra el abuso y la manipulación».
Comentando el tema, Petr Kozyakov, CEO de la empresa de infraestructura de pagos Mercuryo también elogió la medida y cree que es un «paso bienvenido en la dirección correcta». Kozyakov señaló que esto puede eliminar a los malos actores. Dijo:
«Hay un deseo real de un conjunto de reglas claras para proteger a los individuos y las empresas que ya han adoptado las criptomonedas, para eliminar a los malos actores, y para animar a otros a adoptar las criptomonedas como resultado.»
Kozyakov añadió que el nuevo avance puede «liberar el potencial» del sector y empujarlo hacia la adopción generalizada.
Mientras tanto, no todo el mundo cree que el nuevo desarrollo de la normativa de la UE vaya a tener efectos positivos en la región. Seth Hertlein, responsable mundial de políticas de la empresa de billeteras Ledger, señaló que la Unión Europea ha perdido la oportunidad de recuperar la cuota de mercado que perdió en la Web2 mediante el desarrollo de la Web3. Hertlein también destacó que la normativa vulneraría los derechos fundamentales de los europeos.
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